Un proyecto de ley de fortalecimiento de la convivencia escolar y 42 nuevas medidas incluye el paquete de medidas dado a conocer por el Gobierno en el marco de la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa.
El anuncio se realiza justo a una semana de la publicación del análisis de la Defensoría de la Niñez de los expedientes de expulsión de los años 2022 y 2023, solicitados a la Superintendencia de Educación. En ellos se revelan importantes incrementos de violencia dentro de las comunidades educativas, provocando un aumento de 70,6% de expulsiones y cancelaciones de matrículas el año pasado, en comparación con el 2022. Las causales de expulsión más frecuentes son las agresiones a otros estudiantes y la transgresión reiterada de normas, seguidas por causales de porte de armas y drogas.
Días antes se publicó el Estudio de Habilidades Socioemocionales 2023, desarrollado por el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE. Este documento devela hallazgos preocupantes, como que los estudiantes chilenos son unos de los que reportan menor satisfacción con la vida, y estamos en el segundo lugar de los países con mayor ansiedad por clases y pruebas, superando en 3,6 puntos al promedio de los demás.
Anuar Quesille, defensor de la niñez, señaló que si bien es fundamental que se protejan los derechos de todos los involucrados, es necesario proteger también las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes ante los riesgos de exclusión escolar.
Cada año unos 50 mil estudiantes abandonan las aulas y, actualmente, hay 227 mil excluidos del sistema educativo. Como Fundación Súmate llevamos 30 años trabajando por la recuperación de trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes para ampliar su horizonte de oportunidades y aportar a un sistema más inclusivo que garantice el derecho a la educación de los más vulnerables de nuestro país.
Si bien el anuncio en torno a la Política Nacional de Convivencia Educativa es un paso en la dirección correcta, es urgente que avancemos con la misma premura en la implementación de una modalidad de reingreso que permita proteger las trayectorias educativas interrumpidas de estos estudiantes que hoy se encuentran marginados del sistema. Debemos enfrentar los enormes desafíos que se presentan en términos del incremento de violencia en las aulas y las tristes cifras de salud mental.
La oferta de la modalidad de reingreso es una medida paliativa necesaria para la restitución del derecho fundamental a la educación. Sólo de esta manera podremos prevenir que la expulsión no devenga en un ciclo de reproducción de este fenómeno, dejando de manera definitiva a miles de estudiantes fuera del sistema educativo chileno.
Por Paula Montes, directora ejecutiva de Fundación Súmate de Hogar de Cristo.