del Trabajo y Previsión, Social Doris Rodríguez Zavalla junto a la Dirección del Trabajo y
Dirigentes Sindicales del retail, dieron inicio en la región a un plan inspectivo de carácter
nacional, que busca garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y contractual en el
comercio, grandes tiendas y supermercados.
Este procedimiento en terreno, que continuará durante los meses de septiembre y
octubre con otras 40 fiscalizaciones en O’Higgins, se origina a raíz de una serie de
denuncias realizadas por federaciones y sindicatos de este rubro, principalmente contra la
figura del “operador de tienda”. Una nueva categoría de trabajadores y trabajadoras con
labores multifuncionales y cuya figura ha sido impugnada reiteradamente por la propia
Dirección del Trabajo por no ajustarse a derecho. La última de ellas en junio pasado, fecha
en que Lider Walmart en la región, fue multado con más de 38 millones de pesos.
Al respecto Doris Rodríguez Zavalla, Seremi del Trabajo y Previsión Social, afirmó que
“para nuestro ministerio y gobierno, es primordial avanzar en Trabajo Decente, por lo que
este programa inspectivo apunta a ello, constatando y detectando infracciones por
polifuncionalidad, falta de registro de asistencia, contratos desactualizados, o por
Servicios de Empresas de Servicios Transitorios que realicen funciones de carácter
permanente”, concluyó.
“A partir de este plan de fiscalizaciones buscamos que todas las empresas de la región de
ajusten a la legislación vigente con el Artículo 10 del Código del Trabajo, que se relaciona
con precisar la naturaleza de los servicios que deben prestar los trabajadores con sus
empleadores, es por ello que hemos puesto el foco en ciertos cargos que se han
incorporado en los últimos períodos, tales como operador de tienda, omnioperador,
multioperador, asistente omnicanal o cualquier otro que involucre la fusión de funciones
de dos o más cargos”, explicó Daniel Crispi, Director (s) del Trabajo de O’Higgins, quien
advirtió que las multas por contravenir la ley alcanzan las 60 UTM.
Yamilet González, presidenta del Sindicato Ripley Store, valoró este depliegue, asegurando
que “hace mucho tiempo que estábamos pidiendo estas inspecciones, ya que los
contratos que establecían funciones como la de reponedor, ahora se la adosa la función
de ser cajero, sufriendo una presión y horarios que muchas veces son cuestionados”.
Una visión crítica contra la multifuncionalidad y la vulneración de los derechos laborales,
que fue compartida por Mario Henríquez, presidente del Sindicato Paris Rancagua, quien
aseguró que “las empresas comenzaron a copiar este modelo, no dando certezas de las
funciones que los trabajadores deben realizar, vulnerando los derechos de los
trabajadores quienes se ven obligados a aceptarlas por miedo a perder sus trabajos”,
concluyó el también representante de la Federación Nacional Alianza Cencosud.
Materias fiscalizables
Las materias que serán fiscalizadas son:
No especificar en el contrato de trabajo la determinación precisa de la naturaleza
de los servicios.
No llevar registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo.
No consignar por escrito las modificaciones del contrato de trabajo.
Celebrar contratos de trabajo de servicios transitorios con supuestos distintos a los
legales.
Procedimiento de fiscalización
La fiscalización comprende entrevistas en sus lugares de trabajo a los trabajadores/as que,
según las denuncias sindicales, han sido obligados a asumir funciones múltiples y a
aquellos que en ese momento estén laborando a través de empresas de servicios
transitorios.
Asimismo, el acto inspectivo incluye la entrega por parte de la empresa de los anexos de
contrato respectivos para cotejar esta información documental con la entregada
verbalmente por los trabajadores/as.