Por Paulo Egenau, director social nacional del Hogar de Cristo
Marta, Herminia, Juana, Deyanira, Laurentina, Irma, Elsa, Francisca, María, Amanda son las 10 adultas mayores, de entre 71 y 101 años, que se encontraban postradas y murieron en el incendio que asoló un módulo de la Residencia Santa Marta de Chihuayante, el pasado 14 de agosto, en un doloroso accidente que nos obligó a mirar cómo estamos enfrentando la vejez.
Ojalá la muerte les haya pasado mientras dormían, plácidos, inconscientes de las llamas, el calor y la angustia de no poder moverse y escapar del infierno. Pero el único infierno en estos casos es el que tiene que pasar por las oficinas de protección de menores, el establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) del Senama (Servicio Nacional del Adulto Mayor), ubicado en los extremos de la existencia humana , hijo de la otra gran empresa ética de nuestras políticas públicas. El otro gran olvido de nuestra sociedad, algo que todos -la sociedad civil, las autoridades, los legisladores, la prensa- sabemos que existe, pero observamos con ojos impávidos.
Si miramos bajo la alfombra de muchos hogares de ancianos nos encontramos con lo mismo que pasa con las residencias del Sename: bajos estándares de calidad, personal sin las competencias necesarias, masividad, problemas de trato, sistemas de cuidado anticuados, metodologías arcaicas sin ningún sustento en la evidencia y, cuando se produce la tragedia, recuperamos la lucidez por un tiempo breve.
De acuerdo a datos oficiales, existen 903 hogares con mayor seguridad en el país, con un promedio de 50 ancianos por residencia. De ellos, el 77% son privados y con fines de lucro. Existen muchos otros sitios informales, también pagados, donde la realidad es aún más cruda y la supervisión inexistente.
En el sistema residencial del Hogar de Cristo, constituido por una red de 15 residencias en todo el país, el costo promedio mensual de un adulto mayor es de 918 millones de pesos, de los cuales menos de la mitad. En una residencia privada ese número puede elevarse a más de los millones de pesos por mes. ¡Qué porcentaje de familias chilenas cuenta con esos presupuestos!
Soy un convencido de que la mejor política pública para los adultos mayores no es la institucionalización. No son las residencias la única solución, y deben ser consideradas solo en casos extremos. Los programas de Atención al público para el adulto mayor (PADAM), con subsidios estatales que permiten a las familias mantener a sus viejos en la casa, favorecer el buen ambiente dentro de sus hogares, en los ambientes conocidos, entrañables, propios, rodeados de sus seres queridos
Los viejos, en especial los más pobres y no valentes, no marchan, no usan las redes sociales, no votan, son completamente invisibles.
Por eso nos alegra saber que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene una investigación sobre los adultos mayores de extrema pobreza, en el tratamiento residencial con altos grados de dependencia. Es allí donde se concentra el alcalde abandonado y dolor, y puede que el mar el incentivo para tomar este tema en serio y desarrollar una política de adulto mayor acorde con un país que pertenece a la OCDE y se encamina a un cambio en el año 2030 en el país más envejecido de Latinoamérica.