Estudio del Dictuc cifra en 9 mil las viviendas sociales con uso irregular en todo el país

Una encuesta del Dictuc, Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, encargada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), y realizada sobre una muestra de 2.139 hogares, detectó que el 9,5% de las viviendas sociales construidas entre 2007 y 2010 se encuentra bajo tenencia irregular y vacía.  Esto, proyectado a un universo de 94.793 casas o departamentos del país, equivale a 9.005 viviendas con uso irregular. 

Por “vivienda irregular” se entiende el arriendo, préstamo o cesión, venta o transferencia informal y uso exclusivo con fines no habitacionales del inmueble social en cuestión. Las proyecciones del Dictuc también revelaron que las viviendas sociales que se encontraban vacías o deshabitadas llegaron al 1,5%, que corresponde a 1.422 inmuebles.

 

Para el Director Regional de Serviu, Raimundo Agliati, “este estudio confirma lo que sabíamos. En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo trabajamos para entregar viviendas de calidad a las familias que están hoy en situación de vulnerabilidad, o con alguna urgencia habitacional. Pero también, junto con eso, debemos fiscalizar y preocuparnos que los subsidios entregados sean realmente bien utilizados, y las personas estén efectivamente viviendo en ellas. Lo que nos interesa es que las familias cumplan con su obligación de utilizar su vivienda, y ellos saben que tienen prohibición de arrendarla. Es lamentable y es una pena, lo debo decir, encontrarnos con esas situaciones que uno no espera que ocurran: ver viviendas abandonadas, o bien, no están los propietarios viviendo o peor aún, están siendo arrendadas. Y es inaceptable ver cómo se lucra con viviendas sociales, y que durante muchos años, esas familias alegaron urgencia habitacional. Aún más cuando sabemos que existen miles de familias que están esperando su vivienda definitiva, que ellas mismas lo ven con tristeza. Es nuestra obligación hacernos presentes, y recorrer una a una las viviendas, y ver efectivamente y conversar con cada una de las personas que están habitando, cual es la razón de por qué están ahí, o dónde está el propietario que debiese estar en ese lugar”.

El Dictuc detectó cinco razones que serían las más relevantes para explicar la desocupación y ocupación irregular y, por tanto, el no uso de las viviendas por parte de los asignatarios: vulnerabilidad del sistema de selección; tamaño de la vivienda; tiempo de entrega de vivienda; rentabilidad de la vivienda; y lejanía de servicios educacionales, de salud, comercio y transporte.

“Luego del trabajo de fiscalización, lo que viene próximamente es que tomaremos todas las acciones legales con las familias que no han cumplido con su compromiso de habitar las viviendas, o peor aún están lucrando con ellas. Porque reitero: es inaceptable y esto le hace mal al país. Debemos resguardar los recursos públicos, y no podemos permitir que chilenos estén mal utilizando sus viviendas, lucrando con ellas cuando sus propios compatriotas están luchando por tener su vivienda definitiva”, dijo el Director Raimundo Agliati. 

A nivel regional, la encuesta que fue aplicada en 2012, arrojó en las categorías de “vivienda irregular” y “vivienda vacía” que en las regiones de O’Higgins y Maule llegan al 17,6% y 13,3% -los más altos en todo el país-, en tanto que los porcentajes más bajos se encuentran en la Región de los Ríos (en donde no se registraron casos de irregularidad y viviendas vacías) y en la Región de Arica y Parinacota con un 2,5%. 

En diciembre de 2010 se incluyó en el Decreto Supremo 174 la obligación de ocupar la vivienda por un plazo mínimo de cinco años y la prohibición de arrendarla por el mismo período, restricciones que están incluidas en el actual DS 49, que remplazó el DS 174.

El ministro Rodrigo Pérez instruyó a los Serviu presentar demandas civiles en contra de quienes hayan vulnerado tales restricciones, y querellas criminales por presunto fraude al fisco ante la presunción de adulteración de la Ficha de Protección Social, documentos, informaciones, testimonios, o cualquier otro antecedente falso.

Estado de ocupación de la vivienda. Viviendas entregadas a través del programa Fondo Solidario de Vivienda entre los años 2007-2010. Total regional y país.